En 3 meses la Justicia eximió de la internación a 180 infractores

EL OBSERVADOR. La Policía advierte un “afloje” de los jueces para no saturar los hogares. La Policía tiene registrado que entre enero y marzo, unos 180 menores fueron detenidos por la comisión de diversos delitos y sometidos a proceso, pero los jueces los dejaron en libertad o dispusieron la prisión domiciliaria.

Según el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, los guarismos de detenciones de menores que delinquieron, pero que no fueron internados, rondaron los 70 en enero, 50 en febrero y 60 en marzo. Fue imposible chequear estas cifras con la Justicia, ya que no lleva estadísticas.

La Policía venía sosteniendo que las rapiñas crecían al influjo de menores infractores que una vez que eran detenidos se fugaban de las instalaciones del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y volvían a rapiñar.
Sin embargo, en los últimos meses el INAU está exhibiendo tasas de fuga que tienden a cero, producto de lo cual sus locales de internación están desbordados.

En algunas ocasiones, autoridades del INAU y operadores del sistema judicial pidieron a los jueces que tengan en cuenta los informes técnicos que recomiendan la liberación de algunos menores, como forma de aliviar el hacinamiento, aunque ahora desde el INAU se afirma que ello no ha pasado.

Fernández se negó a interpretar estas cifras de menores liberados, pero otras fuentes de la Policía dijeron que, quizá producto de esta situación de saturación en  los hogares del INAU, los jueces de menores están liberando a un número mayor de delincuentes. Los magistrados niegan esto.

La Jefatura tiene registrados 700 menores infractores, según informó ayer jueves El País. “Así es muy difícil seguir combatiendo la rapiña para que las cifras bajen. El domingo pasado hubo cuatro casos de rapiña en Montevideo y en los cuatro casos el juez los entregó a sus padres. ¿Realmente pensamos que no van a volver a rapiñar?”, se preguntó el oficial.

Los jueces. El juez de Adolescentes de cuarto turno, Gerardo Peduzzi, indicó a El Observador que “no ha cambiado el criterio de aplicación de la ley a la hora de decidir la medida socioeducativa que corresponde”.

Remarcó que “según las circunstancias, las rapiñas a veces pueden ser con medidas privativas de libertad, pero otras veces se aplica una medida cautelar distinta. Yo no cambio el criterio de la medida a aplicar en función de las disponibilidades locativas del establecimiento”, subrayó.

La jueza de segundo turno, Aída Vera Barreto, sostuvo: “Dispuse la internación en los casos que correspondía y la entrega (de los menores a los padres o familiares) en los casos que correspondía”.

Admitió que puede ser que la fiscalía pida que la medida por rapiña, cuando el menor no tiene antecedentes, sea sin internación.

El fiscal Gilberto Rodríguez dijo que no posee estadísticas, pero apuntó que cuando el adolescente lleva cumplida la mitad de la medida de internación, “suele venir un informe favorable” para que sea liberado. En cuanto a la cifra de internados, dijo que “al haber menos fugas, la presión se está conteniendo”.
 
El defensor de menores infractores, Daniel Sayagués, quien trabaja con la jueza de Adolescentes de tercer turno, María Teresa Larrosa, explicó que el 85% de los menores derivados ante juez lo son por haber cometido delitos contra la propiedad: “La mayoría son por rapiñas y la minoría por hurtos. De quienes cometieron rapiña, se interna a la mitad, porque tienen antecedentes o han hecho de ese delito su forma habitual de vida”, indicó Sayagués. La otra mitad, por tanto, recupera su libertad.

  El director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Ruben Villaverde, dijo que “nunca” pidió a la Justicia que liberara jóvenes para paliar el hacinamiento. Villaverde dijo que cuando la Justicia no dispone la medida de internación, “no hay relevamiento” de esos menores que no están internados.  

Un pedido a los magistrados. A consecuencia de la reducción de las fugas de menores infractores, los hogares del Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU) se saturaron y llegaron a un punto crítico. Varias voces se levantaron entonces pidiendo corregir esa situación. En octubre del año pasado, el defensor de oficio de Menores, Daniel Sayagués, contó que el por entonces director del sistema penal adolescente, Rolando Arbesún, había pedido a jueces y fiscales si podían reducir las internaciones para descomprimir los hogares. Incluso jueces y fiscales dijeron que el pedido era de recibo para casos de tentativas, pero no para las rapiñas consumadas.

Ahora las autoridades del organismo niegan que vayan a pedir algo similar a jueces y fiscales aunque las plazas de internación del INAU están desbordadas.

Desde 2011, los centros de internación de menores infractores han registrado un descenso en la cantidad de fugas, llegando a apenas siete en los últimos dos meses. Por eso las 330 plazas con que cuenta el sistema están todas ocupadas y la cifra de internados las supera, llegando por momentos a los 450 menores privados de libertad.