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Aída VERA BARRETO

Incidencias de la LUC en el Sistema Judicial del Uruguay

Incidencias de La LUC en El Derecho Penal by Albérico Barrios Pedreira on Scribd

El lenguaje 'ñeri' de los delincuentes menores complica audiencias judiciales

¿Como es un Juzgado de Menores por dentro?

¿Como es un Juzgado de Menores por dentro?

Por Sebastián Cabrera (03 may 2014) Diez horas en el juzgado de menores, entre madres que lloran, funcionarios que bromean para hacer más llevaderas las historias duras y chiquilines que robaron y juran que no lo harán más. Pero a veces es demasiado tarde.

Cada semana, allí atienden unos 30 casos.

El ascensor tiembla. Tiene las puertas descascaradas y se eleva lento, lentísimo, hacia el tercer piso. "Sube periodista de El País", había avisado unos segundos antes por radio el policía de la puerta. Son las ocho de la mañana y está por comenzar una nueva jornada de trabajo en el juzgado de menores, que funciona en el edificio de la calle Bartolomé Mitre frente al Teatro Solís, ahí mismo donde en alguna época estaban La Mañana y El Diario.

Esta semana está de turno la jueza Aída Vera Barreto. De 56 años de edad y un llamativo pelo rojizo, es jueza desde hace más de dos décadas y desde 2010 está en el juzgado de menores. Vera sonríe mientras prepara los partes, como le dicen a los documentos elaborados por la Policía con los casos del día. A su lado está Cristina Laran, la receptora, quien escribirá en la computadora cada cosa que declaren los interrogados.

Es un trabajo difícil y que se torna pesado a medida que avanzan las horas. Laran lo compensa con bromas: es algo así como la encargada de hacer chanzas. Luego explicará que esa es una forma "sobrellevar" las historias duras que escucha a diario.

A este tercer piso del juzgado le dicen "abajo del cielo". Así le puso Allen Denby, uno de los cuatro jueces de menores, porque en el piso de arriba están los juzgados de mayores. Denby cuenta que le suele decir a los muchachos que arañan los 18: "Mirá que ahora vas para el cielo, ¿eh? Y ahí las penas son distintas que acá".

La sala donde en las próximas 10 horas habrá cinco audiencias no es muy grande: tiene cuatro escritorios, sillas de cuerina negra y un piso que brilla, de baldosas de monolítico, esas que están en los viejos baños o cocinas. La limpieza del piso contrasta con las paredes y techos que lucen algunas humedades. Además de la jueza y la receptora, en la sala también está la fiscal y el defensor, que en la primer audiencia del día es un abogado privado. Lo habitual, sin embargo, es que actúen defensores públicos, de oficio.

Los primeros minutos transcurren entre charlas triviales, como las de cualquier trabajo. Una funcionaria comentaba que le cayó mal la cena de la noche anterior cuando entra a la sala Diego, un padre que está para declarar por su hijo Marcos (todos los nombres que aparecen en este artículo, al igual que algunos datos muy particulares, fueron cambiados u omitidos para no revelar las identidades), quien está encerrado acá al lado en el carcelaje, donde los acusados esperan durante las audiencias. A veces los muchachos se ponen nerviosos y gritan, golpean cosas. Pero ahora la cosa está tranquila.

Marcos se salvó por unas horas. El día que lo detuvieron cumplía 18 años. Es ese límite del cual se hablará mucho en los próximos meses: en la elección de octubre hay un plebiscito donde estará en juego la baja en la edad de imputabilidad. Si es aprobada la reforma constitucional, los adolescentes de 16 años y más serán penalmente responsables y castigados de acuerdo al Código Penal (en lugar del Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene sanciones más leves) por los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro y violación.

Pero Marcos tuvo suerte. Porque el fiscal del juzgado de mayores se fijó en su partida de nacimiento, que decía que nació a las nueve de la noche. Y los hechos en los que estuvo involucrado (se lo investiga por complicidad o encubrimiento de unos mayores que robaron un auto) fueron a eso de las 10 de la mañana de ese día. Así que el caso fue remitido al juzgado de menores. Igual Diego, el padre, todavía no cae: él vive en Barcelona, España, y había regresado unas semanas al país para llevarse a su hijo, dado que la relación con la madre está complicada y el muchacho es un poco rebelde. Marcos no trabaja y estudia informática en un club del oeste de Montevideo. "Allá puedo darle una mejor educación, para que sea un hombre de provecho", le dice a la jueza.

Resulta que el día que cumplía la mayoría de edad, Marcos se levantó a eso de las 10 de la mañana. Su padre le dio un beso y lo mandó a comprar asado, chorizos y achuras para festejar. Dice Diego que Marcos primero fue al Macro con un amigo pero que "no encontró butifarra" y entonces un rato antes del mediodía salió rumbo al almacén que a está a la vuelta de la casa. Pero nunca volvió.

Unos amigos de Marcos le avisaron que la Policía se lo había llevado. Después se enteraría que un vecino lo había identificado: dijo que su hijo (ese de "la campera celeste casi fluo") se llevó en moto a Richard, quien esa mañana había robado un Peugeot 307 negro. Según el relato del vecino, Marcos estuvo un rato charlando con los que robaron el auto, bromearon al lado del Peugeot, hasta que se acercó un móvil policial, y entonces Marcos se llevó a uno de los dos en su moto. El vecino también dijo a la Policía que Marcos tenía un arma y que a veces anda "a los balazos" en el barrio, por líos entre banditas.

Pero toda la teoría se desmorona cuando Rodríguez, el vecino, entra a la sala a dar su testimonio. Dice que ahora no está seguro si de verdad Marcos levantó con la moto al conductor del Peugeot robado. Que el otro día le pareció que había sido así, pero ahora no lo puede asegurar. La jueza y la fiscal se miran con cara de yo no entiendo nada. Se cayó la única prueba que había, así que un rato después archivan el caso. Afuera, en el pasillo, el padre de Marcos y sus amigos, que habían ido a declarar, festejan. La fiscal (cuyo nombre, al igual que el de la defensora de oficio, no figura en este artículo a pedido de la jueza) comenta entonces que la gente piensa que en el juzgado los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Pero debe haber pruebas contundentes para procesar, explica.

Robar y vender.

Segunda audiencia. La escena se desplaza a un asentamiento en el límite entre Montevideo y Canelones. Allí hay una casita de techo de chapa que, con sus ahorros, levantó Dylan, un adolescente de 17 años. Una noche de Semana de Turismo forzaron la cerradura y le robaron un equipo de música con los parlantes, sábanas, un acolchado, un celular, 25 CD y una bandera de Nacional.

Casi todas las cosas fueron vendidas esa madrugada. El padre de Dylan hizo una investigación y llegó a la conclusión que Jimmy y Winston -dos muchachos del barrio, uno menor y otro mayor- habían sido los autores. Jimmy, el menor, le había ofrecido el equipo de audio a su madre, incluso esa noche se lo vio por las calles del cantegril con el equipo en los hombros. Winston vendió los 25 discos a 35 pesos a un amigo de Dylan.

—Nadie vende cosas a esa hora, de madrugada —le dice la jueza a Dylan.

—Allá en el barrio sí —dice él.

Un rato después sale Dylan y entra Jimmy. Es bajito, tiene 17 años, viste equipo deportivo y championes. Su mirada está como perdida. La defensora, o sea su abogada, se presenta y le dice que tiene derecho a guardar silencio si quiere. Le dice, también, que han llamado a su madre pero que todavía no vino. "Que raro", dice él, irónico.

—¿Consume pasta base? —le pregunta la jueza. Esa pregunta se la hacen a cada uno de los menores acusados de haber cometido una infracción.

—Sí —responde.

—¿Cómo la paga?

—Hago changas, reciclo cobre.

La receptora escribe lo que responde el muchacho mientras come bizcochos que saca de una bolsita (la jornada será larga y no paran ni para almorzar). Jimmy se toca la cara como nervioso, se frota las manos, mueve los pies. Responde con pocas palabras. Dice que él no robó nada, que estaba en la esquina como todas las noches, que fue "el otro" el que entró a la casita a robar. Se refiere a Winston. Sí admite que "ofertó" el equipo de audio a 400 pesos, pero él no lo robó: se lo acercó otra persona, de la cual no sabe el nombre y no es del barrio.

Más tarde entra Winston o "el mayor". Tiene 31 años y dice que es adicto a la pasta base. "Pero no fumo todos los días gracias a Dios", aclara. Solo confirma lo de la venta de los CD ("los regalé a 35 pesos, la verdad") y dice que Jimmy se los dio. "Yo tengo antecedentes, por una pavada de estas no me voy a arriesgar", se ríe, sobrador. Dice, además, que Jimmy al final vendió el equipo a uno que tiene una boca de paste base. La defensora le aclara a la jueza que no piensa habilitar un careo entre un menor y un mayor de edad, que encima tiene antecedentes. "Yo pensé que era corajuda", torea la jueza, en broma. A todo esto, avisan que llegó la madre de Jimmy. Pero el tema está terminado, acá tampoco hay elementos probatorios suficientes para procesar a Jimmy. Segundo caso del día, segundo archivo.

Hay unos minutos de descanso y la receptora cuenta que, aún siendo menores, la mayoría dice que tiene hijo y mujer, incluso muchachos de 15 o 16 años. Pero suspende de golpe su cuento porque entra una mujer llorando a mares. Le dicen que por favor se tranquilice, que pase al baño. Por la otra puerta entra Wilmar, su hijo. Está acusado por una rapiña a una joyería. La madre llora y llora. "Tranquila mamá", le dice él. Le toman los datos (tiene 16 años, va al liceo, es la primera vez que pisa un juzgado, no consume pasta base, sí marihuana) y lo vuelven a sacar. El suyo será el último caso de la jornada.

En la moto.

El tercer acusado del día viene con un abogado privado, el ex juez Federico Alvarez Petraglia. Defiende a Martín, quien responderá por dos robos a señoras en la calle. El modus operandi de los dos hurtos fue el mismo: se mueve en moto con un amigo que conduce, buscan una víctima, él se baja, le saca algo a la persona a prepo y escapan.

Las dos señoras que fueron robadas están en el juzgado para dar su testimonio. La primera dice que el muchacho le arrancó una cadena de oro que tenía dos medallas: una de Jesucristo, la otra una "medalla milagrosa". Dice que sale unos 400 dólares y que además está el valor afectivo. Después del robo tuvo que ir al SEMM porque "un pedazo de cadena se le incrustó en el cuello", en el forcejeo.

A la señora le extrañó que el ladrón fuera "un chico riquito, de cutis lindo, ojos grises, pelo cortito". Un rato después, se viene el reconocimiento. Van todos a un cuarto oscuro con un vidrio en el medio, de esos que se ven en las películas. Del otro lado hay cuatro muchachos. Antes que entre la señora, la jueza grita que se pongan de frente y les hace decir sus nombres. Después, otra vez de espaldas. Entra la mujer. Le explican que ella los puede ver, pero ellos no. Lo reconoce enseguida y se pone mal, se marea. Pide para salir rápido. Se sienta en una silla y dice que se va a poner un Rivotril debajo de la lengua. Pero enseguida se recupera.

En el otro robo el tironeo fue en la mitad de una calle cerca de Avenida Italia y Comercio. Martín se llevó una cartera con un celular, las llaves, 2.000 pesos, y jugadas del cinco de oro y de la quiniela. Pero justo pasaba por el lugar un coche con policías de civil, quienes vieron el hecho y persiguieron a la moto. Unas 10 cuadras más adelante la alcanzaron.

Alvarez Petraglia dice que la madre de Martín es una madre presente y se preocupa por su hijo, al punto que lo lleva cada día al liceo nocturno en auto y a la vuelta lo trae la madre de otro compañero. De tarde Martín se queda en casa con su hermano menor. O eso es lo que pensaba su madre.

Entran a la sala Martín y su madre, que seguirá la audiencia desde el fondo. A diferencia de la otra mujer, ella tiene un llanto silencioso. Pero las lágrimas caen igual y es duro ver a una madre llorar por un hijo. Martín dice que la cadena de oro de la primera señora la vendió a 2.000 pesos en Piedras Blancas. Precisaba plata para comprar ropa y se mandó "esta gileada". La jueza le pregunta si su madre no lo mantiene, y él dice que sí, que en realidad no tiene necesidades: "Lo hice de estúpido, mi madre me puede dar todo".

—¿Se arrepiente? —pregunta la jueza.

—Sí, quiero terminar tercero de liceo.

—Pero usted tiene dos ilícitos. ¿Se arrepintió ahora?

—Desde que estoy acá. No pensé. Ta, me mandé esta cagada.

La fiscal, la jueza y el defensor intercambian comentarios que dan la idea de que no quieren internarlo en la Colonia Berro. No habrá prisión. Le preguntan a la madre si puede poner a alguien para cuidarlo durante el día, cuando ella trabaja. "Sí, sí, voy a tener que poner a alguien para que lo vigile", dice, con un hilito de voz. Dice, también, que ella lo deja "fumarse el porro ese que fuman ellos" adentro de la casa, para que no esté por ahí en la calle.

La jueza le dice que va a tener que poner "mano dura" en la casa. Y le pregunta a Martín si está dispuesto a cumplir si se decide arresto domiciliario; él dice que sí, pero pide para seguir yendo al liceo. Así las cosas, teniendo en cuenta la confesión del hecho, que es primario y que no hubo violencia con armas (por lo que no fue una rapiña), Vera lo procesa pero no hay prisión. Madre e hijo salen de sala. Laran, la receptora, termina de escribir en la computadora, se para y dice que acá "el problema son las marquitas, el problema son las marquitas". Quiere decir que hay menores como Martín que no consumen para comprar droga, como piensa mucha gente, si no para tener ropa de marca.

Yo fui.

A eso de las tres de la tarde empieza la cuarta audiencia del día y el caso es difícil: un menor fue a la comisaría y se declaró culpable de una rapiña a una panadería en la zona norte de Montevideo, pero todos sospechan que encubre a un mayor. El robo había sido un sábado de tardecita a fines de marzo. Dos muchachos bastante grandotes llegaron en moto y cada uno traía un arma calibre 22. Entraron con los cascos puestos. Había poca gente en el comercio y tampoco demasiado dinero (no más de 5.000 pesos).

El dueño de la panadería relata los detalles y después va a la salita donde se hace el reconocimiento, pero no identifica a ninguno de los tres menores que le muestran. Uno de ellos es José, tiene 17 años, estudia en la UTU y dice que no se droga. Es el que se autoculpó.

José entra a la audiencia y la defensora le dice que dé su versión de los hechos, pero le aclara: "no digas cosas que no hiciste". De hablar manso y pequeño de estatura, José dice que es culpable. La madre, sentada al fondo, se irrita y dice que todo es mentira. La jueza le grita que se calle o "se va para afuera". Él cuenta que llevó a un amigo hasta la panadería y lo esperó a la vuelta. Recibió 4.000 pesos por el trabajo. El que les prestó la moto recibió otros 4.000 y 6.000 el que entró a la panadería. Con esa plata fue al shopping, miró una película en el cine, comió en McDonald`s y en "El Mundo de la Pizza".

La madre de José no aguanta más. Se para enfurecida y, entre llantos, grita que se retira porque "está encubriendo al de arriba". Da un portazo y sale de la sala. La defensora de oficio mira a José y vuelve a la carga: "Mirá que la rapiña son 12 meses en el INAU, ¿eh?". Él no responde. "Es un hecho grave el que te estás haciendo cargo". Al rato vuelve a entrar la mamá de José y dice que el autor del robo tiene 35 años. Le dijo a su hijo: "hacete cargo de todo, sos menor, a mi me dan 10 años".

La mujer grita que su hijo no precisa 4.000 pesos. Tiene los ojos enrojecidos y lleva un crucifijo en el pecho. Dice que le da todo a él.

-¿Es cierto lo que se dijo acá? -pregunta la jueza a José, con tono de maestra. Él sigue callado. La madre llora, grita. Dice cosas que no se entienden, pero en el medio sí se entiende que el hijo está amenazado. La jueza le pide que se calle.

José mira al piso, sigue sin dice nada

—¿Es cierto lo que dijo usted?

—Sí.

—Usted está jugando su pellejo acá.

Pero José no responde más. Mira al piso. La defensora quiere dar por terminado el asunto, dejando entrever que efectivamente el muchacho está amenazado: "Él no va hablar más, está claro". José quedará libre y se irá con su madre. Ni la jueza ni la fiscal creen su versión.

"Solo nos queda una audiencia", dice la jueza, aliviada. La receptora la felicita por ver el vaso medio lleno.

Un dilema.

El día termina con la historia de una rapiña a una joyería. El menor acusado por el robo es Wilmar, al que le tomaron los datos al mediodía mientras su madre lloraba. Va a tercero de liceo pero un día faltaron profesores y acompañó a 8 de Octubre a un compañero que había conocido hace un mes. Este nuevo amigo lo convenció de entrar a robar. Entró, dice, para no dejarlo solo.

La joyería ya había sido robada tres veces en un mes. Apuntaron a la dueña con un arma y empezaron a juntar joyas y relojes, le sacaron una tablet (Wilmar dirá que era "una cosa cuadrada y negra") y dinero. En ese momento volvía al comercio una empleada, vio que pasaba algo raro y corrió a la comisaría. A media cuadra se cruzó con un policía y le avisó. Wilmar y su amigo vieron que había movimiento afuera y huyeron. En el apuro dejaron una bolsa con cosas que se iban a llevar.

En medio de la escapada se separaron. Wilmar tuvo mala suerte porque lo corrió un policía atlético y ágil; unas cuadras más adelante le dio captura. A su amigo lo corrió un policía más gordo. Se escapó con las cosas robadas, que sumarían unos 3.000 pesos.

La dueña de la joyería y el policía que corrió a Wilmar hacen todo el cuento a la jueza. Y luego van al reconocimiento: identifican rápido a Wilmar, que está atrás del vidrio con otros tres muchachos. Uno se tambalea y tiene la cara como desencajada (la defensora dice que debe estar bajo la influencia de "canicas", una mezcla de psicofármacos con alcohol). Otro es muy chico, tiene 13 años y se pone las manos en los bolsillos, como desafiante. Wilmar entra a la sala de la audiencia y por la otra puerta entra la madre, que sigue llorando en forma ruidosa. Lleva un pañuelo en la mano, bien apretado. Él admite todo y cuenta que le dijo a la señora de la joyería "que se quedara quietita".

La jueza le pregunta: "¿No te enteraste que por rapiña ahora se encierra un año?". La madre llora, llora cada vez más, se agarra la cabeza. "Ya no se puede ser tan flexible", sigue Vera Barreto.

—¿Pero no me podrá mandar a mi casa? —dice el muchacho, también con los ojos llorosos-. Quiero seguir estudiando.

—La ley me marca. Un año al INAU.

La mamá ahora se para, grita. Entra un policía y la saca a prepo. Ella le grita a Wilmar que su hermano llora por él desde hace dos días. En el pasillo alguien le dice que debería haber cuidado mejor a su hijo, ella se enfurece, grita que no la toquen, que no le digan cómo debería haber cuidado a Wilmar, que quiénes se creen, que la dejen darle un beso al muchacho. "¡A mí no me toquen! ¡A mi no me toquen!", reclama. Se cierra la puerta, pero se siguen escuchando gritos y empujones.

Adentro de la sala, la audiencia termina con un año de prisión en la Berro. Él llora, jura que no lo va a hacer más. La fiscal lo mira y le dice que hay una ley nueva que dispone un año de internación para infracciones como la rapiña. Y le explica: "Todos los partidos políticos decidieron hace un año que lo mejor para vos y todos los mayores de 15 años era meterte un año preso, y es lo que vamos a hacer".

La jueza dispone la internación en el INAU y autoriza al joven que siga yendo al liceo para finalizar el curso, pero no aclara a qué liceo ni quién lo debe llevar (la defensa había pedido que fuera al mismo liceo que iba antes y que lo llevara un familiar, porque si lo lleva un funcionario del INAU lo hacen entrar esposado a clase).

Los gritos de la madre se siguen escuchando afuera y retumban en los pasillos. Todos juntan sus cosas y la fiscal dice que este es uno de esos días "en los que quedás mal, quedás mal".

¿Qué se debe hacer con muchachos como Wilmar? Está claro que cometió un delito grave, pero al mismo tiempo se trata de un adolescente que va al liceo todos los días, no se dedica generalmente a robar y parece que actuó a impulso de su compañero. Ahora estará encerrado un año en la Colonia Berro (si hoy estuviera vigente la baja en la edad de imputabilidad que se plebiscitará en octubre, Wilmar iría preso cinco años). Allí compartirá los días y noches con otros adolescentes que cometieron infracciones y que seguramente le enseñarán cosas que no sabía. Cuesta creer que salga rehabilitado del encierro. ¿Hubiera sido mejor dejarlo libre y que cumpliera arresto domiciliario? Algunos pueden pensar que sí. Pero también hubiera sido un poco injusto.

Es que es difícil impartir justicia, mucho más con adolescentes.

GOLPIZAS EN LA COLONIA BERRO

Esta semana se conocieron denuncias por golpizas a internos en el centro Ser de la Colonia Berro. Según publicó La Diaria, un funcionario que trabajó en ese centro declaró ante el juzgado que, después de un cambio en la dirección en junio de 2013, empezó a ver cómo algunos funcionarios que "son todos karatecas" golpeaban a los internos. Además, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Indhh) informó en Diputados que hay adolescentes que pasan hasta 23 horas por día encerrados en celdas sin ventanillas y duermen en el piso, publicó El Observador.

http://www.elpais.com.uy/que-pasa/encarando-justicia.html

Dra. Aida Vera Barreto, en Telenoche 4

Jueza Aida Vera Barreto en canal 4

PARTE 2 DEL MISMO PROGRAMA http://youtu.be/-GTNPoMm-X8

Los poderes Ejecutivo y Judicial enfrentados por creditos laborales de los Magistrados

BUSQUEDA por Javier Benech. “Se pasaron de rosca por unos pesos”, dijo a Búsqueda una alta fuente del Poder Ejecutivo sobre el pedido que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hizo al gobierno para que se le otorgue una partida de más de $ 258 millones que permita liquidar el aumento salarial de todos los jueces y defensores públicos de Uruguay en virtud del “enganche” de los sueldos de los magistrados con el de los ministros de Estado.

En lo que constituye un nuevo cruce entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transmitió por carta a la Suprema Corte de Justicia que no corresponde pagar ese incremento.

La Secretaría de Estado interpreta que la sentencia de inconstitucionalidad que una Corte integrada dictó en diciembre sobre una ley que excluye al Poder Judicial de un aumento salarial no la obliga a pagar.

Esa postura molestó a los magistrados, que ya citaron a una asamblea extraordinaria para el sábado 22, en la que se va a discutir la posibilidad de iniciar un nuevo juicio al Estado por “cobro de pesos”, dijo a Búsqueda una fuente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU).

“Esto es un tema grave porque se está desconociendo una decisión judicial en la que se declaró inconstitucional una ley y por lo tanto es inaplicable para nosotros”, agregó.  Otro juez que tiene activa militancia gremial mencionó que existe “mucho malestar” con el Poder Ejecutivo por este tema, ya que se interpreta que se está “ninguneando” al Poder Judicial.

“No sé si en esto no incide la cantidad de sentencias de inconstitucionalidad que la Corte dictó este año contra leyes impulsadas por el gobierno”, especuló.  “Algunos jueces ya gastaron a cuenta de ese aumento, que era seguro.

¿Cómo se les dice ahora que no van a cobrar? ¿Si es el propio Poder Ejecutivo que no cumple con qué cara después se le exige a un particular que debe acatar las resoluciones judiciales?”, inquirió. 

El periplo. El 13 de diciembre, la SCJ integrada por cinco ministros de Tribunales de Apelaciones declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ley 18.738. La acción había sido presentada por más de 400 jueces nucleados en la AMU, que pensaron que con esa sentencia por fin cobrarían un aumento que se arrastra desde que la ley de presupuesto equiparó el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores.

Los magistrados sostienen que eso implica un aumento para ellos, porque la Ley Orgánica de los Tribunales sancionada a la salida de la dictadura establece una escala salarial que toma como base precisamente el sueldo de los ministros.

Así, el 9 de enero, el ministro de feria de la Corte, Julio Chalar, envió una carta al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, en la que le pone en conocimiento de que el gremio de los jueces había consultado a la corporación por la liquidación de los haberes impagos provenientes de ese “enganche”.

Solicita además la habilitación de un crédito presupuestal de $ 258.075.554 según un cuadro elaborado por la División Contaduría del Poder Judicial que adjunta a la misiva. Según ese cálculo, un ministro de la Corte debe recibir una partida de $ 678.138.09, un ministro de Tribunal de Apelaciones $ 523.600.88 y un juez Letrado de Montevideo $ 465.422.73 (ver cuadro aparte).

Para sorpresa de los magistrados, el 30 de enero recibieron una respuesta del Ministerio de Economía en la que se afirma que según la interpretación que esa Secretaría de Estado hace de la sentencia de inconstitucionalidad, no corresponde la liquidación. El documento, firmado por el asesor del MEF y abogado Daniel Gaggero, fue remitido a la Corte el 3 de febrero con el aval de la directora de Secretaría, Graciela Mazzuchi.

Allí se sostiene que “el Poder Ejecutivo actuando por medio de la Presidencia de la República y de esta Secretaría de Estado ha sostenido en todas las contestaciones de demanda de inconstitucionalidad que la ley 18.719 fue la que dispuso el aumento salarial para los señores ministros de Estado y demás cargos políticos, no disponiendo que este sea extensible a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, ni a todos aquellos salarios llamados ‘enganchados’ al salario de los ministros de Estado”. 

Agrega que “cuando se discutió en el Parlamento el artículo 64 de la ley 18.719”, norma que interpretó la anterior, “se expuso claramente que el objeto era desenganchar a todos los cargos cuyo mecanismo de cálculo retributivo se refiera a los sueldos nominales de los cargos mencionados”.  “En virtud de que conforme a la posición del Poder Ejecutivo es el artículo 64 de la ley 18.719 el que impide el pago de las diferencias solicitadas y que el mismo no fue declarado inconstitucional, no correspondería habilitar el crédito solicitado por la Suprema Corte de Justicia”, concluye el documento del MEF. 

“Batalla”. Una alta fuente del Poder Ejecutivo dijo a Búsqueda que el gobierno está dispuesto a dar “batalla” en este tema porque considera que el espíritu de la ley nunca fue aumentar el salario de más de 400 jueces que ya tienen un ingreso “aceptable” para la realidad del país.

La carta del MEF cayó como un balde de agua fría en el Poder Judicial, ya que algunos magistrados consideraban como un hecho el pago del aumento y evaluaban que el gobierno se encontraba en un “callejón sin salida”.  Ante este nuevo escenario, los ministros de la Corte dispusieron que se realice un “informe urgente de la División Jurídico Notarial” de la corporación para decidir los pasos a seguir.

Por lo pronto, ya decidieron recurrir ante al propio MEF la resolución dictada.  Por su parte, la directiva de la AMU envió una carta al presidente de la Corte, Jorge Larrieux, en la que recuerda que la posición del Poder Ejecutivo ha sido “expresamente rechazada” por la SCJ en la sentencia de inconstitucionalidad de diciembre. La AMU calificó la postura del gobierno como un “contrasentido”.

“Salida negociada”. A pesar de la virulencia del diferendo, algunos magistrados consideran que todavía se está a tiempo de buscar una salida negociada con el gobierno. De hecho, un correo electrónico que la directiva de la AMU envió en los últimos días a todos los asociados va en esa línea.

“Se informa que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (Larrieux) manifestó en la reunión mantenida con los representantes de AMU el día lunes 10 de febrero del corriente, Rolando Vomero, Alberto Reyes, Eduardo Borges y Elena Martínez, que existe interés del Poder Ejecutivo en buscar una solución y posibles gestiones”, señala.

“Sin perjuicio de ello, la corporación decidió recurrir lo resuelto por el MEF, que se opuso a la solicitud de habilitación del crédito que le fuera cursada adjuntando solicitud de reliquidación de AMU”, concluye.

Procesaron al asesino de la panaderia con la evidencia de las huellas digitales



Internan a un menor por el homicidio del guardia de la panadería. Cuando le mostraron sus huellas en la escena del crimen dijo: “Bueno ta, perdí”. El otro menor detenido no tiene culpa. Buscan al segundo menor involucrado.

La jueza Aída Vera Barreto decidió internar en el INAU al menor de 16 años como autor responsable del homicidio del guardia de seguridad de la panadería de Malvín Norte.

Según explicó la magistrada a Subrayado, se le inició un procedimiento infraccional por el “homicidio especialmente agravado”.

El menor fue internado en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) dependiente del INAU.

El otro menor que estaba detenido recuperó la libertad porque, según Vera Barreto, “no resultó responsable” del asesinato.

El adolescente de 16 años procesado cayó por las huellas dactilares que se hallaron en la escena del crimen. El lunes el menor increpó a la jueza porque, según le dijo, no tenía pruebas para acusarlo del crimen.

Este martes la jueza le exhibió las pruebas (sus huellas) y el adolescente no tuvo más que aceptar la situación.

“Bueno ta, perdí”, dijo el menor cuando le mostraron el informe de sus huellas dactilares.

Vera Barreto comentó a Subrayado que ahora resta atrapar al otro menor involucrado en el homicidio, que se encuentra prófugo pero sobre el que ya hay información.

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Menores delinquen por propia voluntad

EL OBSERVADOR/// ACTUALIDAD/// 05/03/2013// Página 7. Menores delinquen por propia voluntad, según actores judiciales. Controversia. Jueza, fiscal y abogado defensor refutan dichos del director del Sirpa.

Menores delinquen por propia voluntad, según actores judiciales. La mitad de los adolescentes internados en los últimos cuatro meses en los hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) son primarios, informó a El Observador el director del Sirpa, Ruben Villaverde

Villaverde especuló con que, al reducirse las fugas, algunos delincuentes mayores de edad comenzaron a "reclutar nuevos individuos" menores, sobre quienes recaen penas más leves. Sin embargo, la hipótesis de Villaverde fue rechazada por distintos actores del Poder Judicial. Una jueza, un fiscal y un defensor de adolescentes coincidieron en señalar que no hay organizaciones de delincuentes que recluten a menores, sino que los adolescentes delinquen por motu proprio.

Villaverde destacó en entrevista publicada ayer por El Observador que entre noviembre de 2012 y febrero de este año ingresaron a los hogares del Sirpa 172 menores y que la mitad eran primarios. "Podría aventurarse que este es un efecto no deseado de haber evitado las fugas", expresó el director del Sirpa. "Algunos se quedaron sin gente para hacer determinados trabajos y salieron a reclutar nuevos individuos", agregó.

El defensor de adolescentes Daniel Sayagués Laso, quien hace dos décadas trabaja con menores infractores, dijo que la de Villaverde "es una lectura equivocada". "No es verdad que hay una organización delictiva que trabaja reclutando jóvenes. Los delitos que cometen los adolescentes, en su inmensa mayoría, son libretazos propios. Nadie los mandó. No pertenecen a ninguna organización. A lo sumo dijeron "vamos a darle al almacén de la esquina", y fueron", expresó.

Sayagués coincidió con Villaverde en que el porcentaje de primarios internados en el Sirpa aumentó y atribuye este fenómeno a la caída radical en el número de fugas. "Es probable que figuren más procesados primarios que reincidentes porque no se fugan", comentó.

Pero, según Sayagués, la explicación del director del Sirpa "sigue alimentando una creencia errónea de que los adolescentes son manejados por adultos. Y no. Ellos cometen los delitos por voluntad propia. Nunca vi un caso que un adulto los mandara a delinquir", sentenció el defensor de menores. Agregó que cuando un mayor comete un delito con un menor lo hacen en relación de cómplices y pocas veces la diferencia de edad es relevante.

Villaverde aclaró durante la entrevista que "podría aventurarse" la razón de este incremento, pero que no tenía una explicación aún sólida porque el fenómeno es reciente.

Sin embargo, su presunción tampoco convenció al fiscal de Adolescentes, Diego Pérez, ni a la jueza de Adolescentes, Aída Vera Barreto.

"Lo que predomina es que actúan por motu proprio", dijo Pérez, quien llegó al juzgado de adolescentes en diciembre del año pasado.

En estos tres meses al frente de la Fiscalía de adolescentes, a Pérez le llamó la atención que "la gran mayoría no terminó la escuela o llegó a primero de liceo y ahí egresó del sistema educativo". Esto se da en primarios y en reincidentes, coincidió Sayagués.

Por su parte, la jueza Vera Barreto aseguró que "nadie los ha buscado ni ellos hurtan para otros, sino para ellos".

"Acabo de terminar el turno y procesé a unos cuantos primarios, pero cometieron el ilícito por decisión propia. No creo que un mayor los haya inclinado a delinquir", dijo la magistrada a El Observador.

"En el caso de un joven que tenía cierta deficiencia y no le permitieron ir al liceo, necesitaba dinero y decidió hacer una rapiña. Pero fue una decisión de él. Los otros tres que procesé, también por rapiña, que era el primer ilícito que cometían, confesaron haberlo hecho por decisión de ellos. No intervino nadie, ni nadie los buscó", dijo.

Esta es, según la jueza, la norma dentro de su juzgado. "En el último turno procesé con internación a cinco jóvenes, todos ellos primarios", sentenció, reafirmando la tendencia marcada por Villaverde y también observada por Sayagués.

El defensor de adolescentes distinguió dos tipos de menores infractores: los reincidentes, "delincuentes habituales o clientes del juzgado", y los primarios. "He tenido gurises con 12 expedientes en un período de dos años. Se fugaban y volvían a delinquir", relató.

En cuanto a los primarios, según Sayagués, "la mayoría están ociosos, son los llamados "ni ni", hijos de trabajadores que seguramente no vuelvan a reincidir". "Ninguno es manejado por adultos ni pertenece a una organización sofisticada", sentenció.

Menores delinquen por propia voluntad

EL OBSERVADOR/// ACTUALIDAD/// 05/03/2013// Página 7. Menores delinquen por propia voluntad, según actores judiciales. Controversia. Jueza, fiscal y abogado defensor refutan dichos del director del Sirpa.

Menores delinquen por propia voluntad, según actores judiciales. La mitad de los adolescentes internados en los últimos cuatro meses en los hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) son primarios, informó a El Observador el director del Sirpa, Ruben Villaverde

Villaverde especuló con que, al reducirse las fugas, algunos delincuentes mayores de edad comenzaron a "reclutar nuevos individuos" menores, sobre quienes recaen penas más leves. Sin embargo, la hipótesis de Villaverde fue rechazada por distintos actores del Poder Judicial. Una jueza, un fiscal y un defensor de adolescentes coincidieron en señalar que no hay organizaciones de delincuentes que recluten a menores, sino que los adolescentes delinquen por motu proprio.

Villaverde destacó en entrevista publicada ayer por El Observador que entre noviembre de 2012 y febrero de este año ingresaron a los hogares del Sirpa 172 menores y que la mitad eran primarios. "Podría aventurarse que este es un efecto no deseado de haber evitado las fugas", expresó el director del Sirpa. "Algunos se quedaron sin gente para hacer determinados trabajos y salieron a reclutar nuevos individuos", agregó.

El defensor de adolescentes Daniel Sayagués Laso, quien hace dos décadas trabaja con menores infractores, dijo que la de Villaverde "es una lectura equivocada". "No es verdad que hay una organización delictiva que trabaja reclutando jóvenes. Los delitos que cometen los adolescentes, en su inmensa mayoría, son libretazos propios. Nadie los mandó. No pertenecen a ninguna organización. A lo sumo dijeron "vamos a darle al almacén de la esquina", y fueron", expresó.

Sayagués coincidió con Villaverde en que el porcentaje de primarios internados en el Sirpa aumentó y atribuye este fenómeno a la caída radical en el número de fugas. "Es probable que figuren más procesados primarios que reincidentes porque no se fugan", comentó.

Pero, según Sayagués, la explicación del director del Sirpa "sigue alimentando una creencia errónea de que los adolescentes son manejados por adultos. Y no. Ellos cometen los delitos por voluntad propia. Nunca vi un caso que un adulto los mandara a delinquir", sentenció el defensor de menores. Agregó que cuando un mayor comete un delito con un menor lo hacen en relación de cómplices y pocas veces la diferencia de edad es relevante.

Villaverde aclaró durante la entrevista que "podría aventurarse" la razón de este incremento, pero que no tenía una explicación aún sólida porque el fenómeno es reciente.

Sin embargo, su presunción tampoco convenció al fiscal de Adolescentes, Diego Pérez, ni a la jueza de Adolescentes, Aída Vera Barreto.

"Lo que predomina es que actúan por motu proprio", dijo Pérez, quien llegó al juzgado de adolescentes en diciembre del año pasado.

En estos tres meses al frente de la Fiscalía de adolescentes, a Pérez le llamó la atención que "la gran mayoría no terminó la escuela o llegó a primero de liceo y ahí egresó del sistema educativo". Esto se da en primarios y en reincidentes, coincidió Sayagués.

Por su parte, la jueza Vera Barreto aseguró que "nadie los ha buscado ni ellos hurtan para otros, sino para ellos".

"Acabo de terminar el turno y procesé a unos cuantos primarios, pero cometieron el ilícito por decisión propia. No creo que un mayor los haya inclinado a delinquir", dijo la magistrada a El Observador.

"En el caso de un joven que tenía cierta deficiencia y no le permitieron ir al liceo, necesitaba dinero y decidió hacer una rapiña. Pero fue una decisión de él. Los otros tres que procesé, también por rapiña, que era el primer ilícito que cometían, confesaron haberlo hecho por decisión de ellos. No intervino nadie, ni nadie los buscó", dijo.

Esta es, según la jueza, la norma dentro de su juzgado. "En el último turno procesé con internación a cinco jóvenes, todos ellos primarios", sentenció, reafirmando la tendencia marcada por Villaverde y también observada por Sayagués.

El defensor de adolescentes distinguió dos tipos de menores infractores: los reincidentes, "delincuentes habituales o clientes del juzgado", y los primarios. "He tenido gurises con 12 expedientes en un período de dos años. Se fugaban y volvían a delinquir", relató.

En cuanto a los primarios, según Sayagués, "la mayoría están ociosos, son los llamados "ni ni", hijos de trabajadores que seguramente no vuelvan a reincidir". "Ninguno es manejado por adultos ni pertenece a una organización sofisticada", sentenció.

Menores: polémica penas mínimas

El País Digital por EDUARDO BARRENECHE. Operadores judiciales creen que norma, que entró en vigencia el viernes, genera problemas de interpretación y otorga discrecionalidad a fiscales. La ley que establece una pena mínima de un año para menores que cometieron delitos violentos generó polémicas entre operadores judiciales a una semana de entrar en vigencia. Fiscales podrían no solicitar la internación y dicha ley no se aplicará.

Operadores judiciales de Menores entienden que la ley habilita a los fiscales a pedir una libertad asistida para un menor aunque haya cometido delitos gravísimos (homicidios, lesiones de entidad, violaciones, rapiñas y secuestros).

Para realizar dicha afirmación, se basan en que la nueva ley no señala expresamente que deberá ser el juez quien dictamine la internación del adolescente por 12 meses.

El abogado defensor de Menores, Daniel Sayagués Laso, calificó de "ambigua" la redacción de la norma. "Se puede interpretar que no es obligatoria la imposición de la medida privativa de libertad para aquellos menores que cometieron delitos graves", señaló a El País.

"Operadores judiciales consideran que no es imprescindible aplicar la medida de privación de libertad para delitos gravísimos, con lo cual quedamos en el mismo régimen que estamos ahora" explicó el defensor de oficio.

El fiscal Diego Pérez afirmó a El País que toda nueva ley genera posiciones encontradas en los operadores judiciales, más aún cuando "no es clara la redacción, como es en este caso". Agregó que la intención del legislador era establecer una pena mínima para los menores que cometan delitos gravísimos. "Sin embargo, la forma en que quedó redactada se presta a doble interpretación", señaló.

Otro representante del Ministerio Público advirtió que nada lo obliga a solicitar a un magistrado la internación para aquellos menores que cometieron delitos gravísimos. "Habrá internación si yo la pido. En caso de que lo pidiera existe acuerdo entre todos los operadores judiciales en cuanto a que la misma no podrá ser inferior a los 12 meses. Eso lo establece la ley a título expreso", dijo a El País.

La jueza de Menores, Aída Vera Barreto, tiene otra opinión. Advirtió que rechazará un pedido de libertad asistida para un menor que cometió un delito gravísimo. "Si el fiscal me pide libertad asistida para un caso que el legislador establece como delito grave, yo lo voy a rechazar. Yo interno a ese menor por un período de 12 meses. Después se verá en la apelación", explicó.

Indicó que los representantes del Ministerio Público "están obligados" a solicitar la internación de delitos como rapiñas o homicidios. "Sí es cierto que los fiscales pueden pedir la libertad asistida para delitos menores como hurtos o tentativas de rapiñas, sino la ley no tendría sentido", afirmó.

Sayagués Laso recordó que un juez de un caso no puede disponer una pena más severa que la pedida por la Fiscalía.

Consideró que ello significa que si un fiscal solicita la libertad asistida para un menor que cometió un delito grave, el magistrado está imposibilitado de disponer la internación de ese menor infractor en un hogar.

Lo mismo ocurre con la Justicia de adultos. Si un mayor de edad comete una rapiña, el Código Penal establece una pena que va de 4 años y cuatro meses hasta un máximo de 15 años.

Según Sayagués Laso, el fiscal no puede pedir, por ejemplo, una condena de dos años para un rapiñero adulto. A juicio del defensor de oficio, la única solución para resolver este problema interpretativo que enfrenta a operadores judiciales de Menores es modificar la ley. "Entiendo que la norma tendría que decir que el juez deberá imponer una pena mínima de 12 meses para delitos gravísimos", expresó.

La ley, que fue aprobada por el Parlamento el 27 de diciembre del año pasado, señala que el juez, "a solicitud expresa del Ministerio Público" y una vez escuchada la defensa, deberá disponer la aplicación de las siguientes reglas: "La privación de libertad será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva" y "las medidas privativas de libertad tendrán una duración no inferior a los 12 meses". La primera regla señala que el menor deberá permanecer internado durante el tiempo en que el magistrado demore en dictar la sentencia definitiva. Este punto no genera polémicas a nivel judicial. Tampoco hay controversias sobre el plazo de la internación. Si el fiscal la pide, no podrá ser menor a los 12 meses. Es decir, el menor podrá recuperar la libertad luego de cumplir ese plazo y de haber superado el 50% de la pena. El 70% de los menores internados en la Berro y en Montevideo son rapiñeros; un 5% homicidas y el porcentaje restante se divide entre otros delitos. Antes de la aprobación de dicha norma, un menor rapiñero podía salir en libertad en tres o cuatro meses. Entre el viernes 1° y el domingo 3, la jueza Aída Vera Barreto y el fiscal Diego Pérez solicitaron la internación por un año de dos menores rapiñeros mayores de 15 años. El miércoles 6, la jueza Teresa Larrosa y la fiscal Mariana Malet decidieron la internación por un año de otro menor que asaltó una cantina.
LA NUEVA LEY DE MENORES

A fines de diciembre del año pasado se aprobó la ley que establece penas mínimas a menores que cometan delitos graves. Entre estos delitos figuran el de homicidio intencional con agravantes especiales, lesiones gravísimas, violación y rapiñas.

El artículo segundo de la normativa establece que los informes técnicos del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) se podrán realizar en forma paralela al proceso de la audiencia judicial. Y además prevé que la eventual carencia de este tipo de informes no será un obstáculo para que el juez dicte una sentencia definitiva. Hay un caso paradigmático en este sentido. En el 2011, el delincuente juvenil conocido como El Pelón había quedado libre tras sesenta días de detención por homicidio debido a que un juez argumentó que no tenía los informes técnicos del INAU. En ese ínterin El Pelón cometió otro asesinato. Hoy el juez está siendo sumariado. La nueva normativa establece que la privación cautelar de libertad será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva. Además, las medidas privativas de libertad tendrán una duración no inferior a los doce meses. Las medidas de privación de libertad deberán ser cumplidas en establecimientos especiales, separados de los adolescentes que están recluidos por el régimen general. Cuando el infractor cumpla 18 años pasará a cumplir su condena en un establecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, separado de los menores de 18 años.

Menor al INAU por el robo en ASSE

El menor que días atrás confesó la autoría del robo al exedificio Libertad, donde actualmente funciona ASSE, fue enviado al INAU por hurto, según confirmaron a El País fuentes judiciales.

El joven, de 16 años que vive en un asentamiento cercano al edificio de ASSE, admitió que había robado los insumos y que lo había hecho sin ayuda de ningún cómplice.

Consultado por la jueza del caso, Dra. Aída Vera Barreto, sobre el destino de lo robado, señalo que el menor manifestó que vendió todo a un reducidor, de quien dio datos y cuya vivienda fue allanada.

En cuanto a este sujeto, fue procesado con prisión por un delito de tenencia de drogas. Sin embargo, según dijeron fuentes judiciales, no se lo pudo ubicar en este caso, ya que tenía las boletas de compras de los elementos que se habían incautado en su vivienda, dos sobres de laptops, una cámara fotográfica y un monitor.

Sí se encontró una significativa cantidad de pasta base en la vivienda.

En tanto, desde el punto de vista policial, el caso sigue siendo investigado ya que se busca al individuo cuyas huellas digitales fueron ubicadas a lo largo de toda la escena del robo.

Advierten que procesamientos de adolescentes cayeron un 50%

Menores. Operadores judiciales dijeron que la "notoria caída" se debe a que mermaron la fugas u ocurren menos procedimientos policial. Unicef cuestiona elevada internación de adolescentes

El País Digital Por EDUARDO BARRENECHE. En los últimos turnos judiciales, jueces y fiscales constataron una caída del 50% en los procesamientos de menores. En tanto, Unicef señala que la privación de libertad es la medida más utilizada por el sistema penal juvenil uruguayo.

"En julio he tenido un turno (de una semana) con 28 procesamientos. De ahí bajaron a 12 y ahora estamos en ocho procesos. Es notoria la caída de las aprehensiones por parte de la Policía, aunque no sé muy bien cuál es la causa de la misma", dijo a El País la jueza de Adolescentes, Aída Vera Barreto.

Según datos proporcionados por jueces y fiscales de Adolescentes, en los últimos tres turnos -entre el 15 de octubre y ayer viernes 2-, fueron procesados solo 24 adolescentes. Un promedio 1,5 por día.

Ello representa una caída de los procesamientos de menores en un 50% si se cruzan los datos del Instituto Técnico Forense con el número de procesamientos de menores de los últimos tres turnos de los Juzgados de Adolescentes.

En julio de este año, la Justicia inició procedimientos infraccionales -medidas privativas de libertad o alternativas a la prisión- a un promedio de tres adolescentes por día, según los operadores judiciales consultados por El País.

Los números del Instituto Técnico Forense (ITF) coinciden con las cifras manejadas por los operadores judiciales de Menores. A 13 meses de ponerse en funcionamiento, el Registro Nacional de Antecedentes de Adolescentes Infractores tiene 1.384 inscriptos. Es decir, un promedio de más de tres adolescentes diarios fueron fichados por la Policía durante ese período de tiempo.

Vera Barreto dijo que no sabe cuál es la causa de esa baja de detenciones. "Una posibilidad es que los jóvenes que teníamos como autores de infractores están internados y no se fugan. Otra posibilidad es que no hayan casi adolescentes que delinquen. La presencia policial incidirá pero no mucho porque vemos que los delitos se siguen cometiendo", agregó.

Tras advertir que el fenómeno puede ser multicausal, Vera Barreto reiteró: "puede ser que haya una merma de la aprehensión por parte de la Policía. O que haya tres o cuatro menores cometiendo delitos y la Policía aún no logró detenerlos".

El fiscal de Adolescentes Gilberto Rodríguez indicó a El País que "la baja de las aprehensiones ocurrió en los últimos dos meses. Puede ser atribuida a una mejora de la eficacia policial o al descenso de fugas" de los hogares del INAU, los cuales son gestionados por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

Según Rodríguez, la presencia policial es "un buen disuasor" de delitos. "La disminución de las aprehensiones puede corresponder a una coyuntura de factores", expresó.

El fiscal de Adolescentes Gustavo Zubía señaló: "hay una tendencia a la baja de las aprehensiones policiales y, por ende, de los procesamientos. Lo hemos notado todos los operadores judiciales. Hay una menor comunicación de la Policía a los jueces por delitos cometidos por menores". El fiscal coincidió con la jueza Vera Barreto acerca de que, en julio de este año, en un turno se procesaban casi una treintena de menores infractores.

"El promedio era de tres por día. Hoy hay menos aprehensiones. No me animo a decir cuánto ha caído", dijo Zubía. "Puede ser por haber bajado el número de detenciones o estar surtiendo efecto la prevención policial", agregó en la misma línea que su colega Rodríguez.

Tras advertir que una parte de los menores detenidos sale en libertad porque no se obtienen pruebas en su contra, Zubía recordó que "mucha gente no denuncia los delitos sufridos". A eso se le suma, indicó, "el hecho de que muchas víctimas no concurren a los juzgados a ratificar las denuncias". Ello deriva en que los menores acusados salgan en libertad por falta de pruebas.

Fuentes policiales indicaron a El País que cuando existe una merma de las detenciones es responsabilidad de la Policía.

Señalaron que ello se debe a dos factores: al "freno de mano" puesto por mandos medios de la Policía encargados de la represión del delito, "molestos" por el hecho de que en este año solo ascendieron a comisario inspector tres comisarios; también generó malestar dentro de la Policía que uno de los ascensos -por selección por parte del Ministerio del Interior- recayó sobre un comisario que trabaja en la cartera, no participa en la represión del delito y tiene menor antigüedad que sus colegas en el mismo cargo.

Los mandos medios también se quejaron que ningún comisario al frente de una seccional de todo el país fue ascendido. "Ello significa que se pretende politizar la Policía. El malestar es enorme. Nos jugamos la vida en el combate al delito y no tenemos ninguna posibilidad de ascender a comisario inspector", dijo un comisario a El País.

MÁS VIOLENCIA. El Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay 2012, elaborado por Unicef, señala que en Uruguay hay una "excesiva" utilización de la privación de libertad de los menores. "La adolescencia es el período de afirmación de la identidad, por lo cual los efectos que la prisión puede causar en lo inmediato y en el futuro desarrollo del adolescente son particularmente desbastadores", señala el documento.

Advierte que, lejos de la pretensión "resocializadora", el encierro desde la corta edad implica una socialización en la violencia, la adaptación de códigos propios de la cultura de la cárcel, la anulación de la identidad y el aumento del desarraigo comunitario y familiar.

Tras indicar que el Código de la Niñez establece que la pena de privación de libertad de un menor debe ser el último recurso, Unicef expresa: "la internación provisoria en establecimientos se constituye en la medida cautelar por excelencia. Ella representó, tanto en 2010 como en 2011, más del 50% de las medidas cautelares adoptadas (y sumada al arresto domiciliario supera el 75%)". Agrega que, en 2011, la internación provisoria representó el 63,1% de las medidas cautelares dictadas en Montevideo y el 42,3% en el interior.

Las cifras

63%

Fue el porcentaje de menores internados en forma provisoria en el 2011.

13

Son los meses que lleva en funcionamiento el registro de menores infractores.

Uno cada cuatro no terminó Primaria

Unicef señaló que, en materia de educación, los datos relevados por el Observatorio del Sistema Judicial de Uruguay para los años 2009 y 2010 muestran que el nivel educativo de los menores captados por el sistema penal de Montevideo "es alarmantemente menor" que el de la población adolescente en general. "Considerando que al sistema penal se ingresa a partir de los 13 años de edad y que en Uruguay el egreso de la educación primaria es prácticamente universal, es sumamente llamativo que uno de cada cuatro adolescentes tenga como máximo nivel educativo alcanzado primaria incompleta y uno de cada dos, primaria completa. Además, pese a que los adolescentes de entre 15 y 18 años representan el 85% de los casos, solo el 2% de los infractores completó el ciclo básico", señala el informe de Unicef. También advierte que el porcentaje de adolescentes internados que se encontraba sin estudiar ni trabajar pasó del 48% en 2008 a 65,7% en 2010.

APUNTES FINALES DE UNICEF

MINORIDAD. "La protección plena de los derechos de todos los niños y adolescentes uruguayos dista mucho de ser un objetivo alcanzado".

DELITO. "Los adolescentes -y especialmente aquellos que viven en situación de pobreza- son hoy asociados casi linealmente con el delito. Aparecen ante la ciudadanía como los principales responsables de la situación de inseguridad y violencia".

INAU. "La privación de libertad tiene consecuencias demoledoras para la vida de un adolescente, para su presente y para su futuro"

VIOLENCIA DOMÉSTICA: La violencia doméstica es hoy el delito contra las personas con mayor número de denuncias. Incluso, en 2011 las denuncias por este tipo de violencia superaron a las denuncias por rapiña".

CUIDADOS: "Según INAU, en agosto de 2012 había 4.276 niños privados del cuidado parental, 1.120 de ellos en modalidades alternativas de cuidado y 3.156 en hogares de tiempo completo".

Menor de 11 años lideró copamiento pero no puede ser procesado

CAUSA ABIERTA La Justicia de Adolescentes indaga a cuatro menores de 11 a 15 años que coparon la casa de un anciano de 94 años en el Cerro, maniataron, golpearon y robaron al hombre. Los cuatro adolescentes fueron detenidos y están a disposición de la jueza Aída Vera Barreto quien resolverá este domingo si les impone medidas.
Según informa El Observador, el menor de 11 años es el ideólogo del crimen pero por tener menos de 13 años no podrá ser sometido a proceso, como tampoco podrá serlo el de 12.
El Código de la Niñez y la Adolescencia solo preve que se le inicie proceso penal a menores de entre 13 y 18 años.
Los cuatro menores se pusieron de acuerdo para ir a la casa del anciano, conocido del niño de 11. Como lo conocía el hombre les abrió la puerta, una vez adentro, lo empujaron, le pegaron en la cabeza por lo que sufrió hemorragias, le robaron la billetera, un arma y otras pertenencias. Lo dejaron atado y se fueron.
Debido a los golpes que recibió el anciano estuvo quince días en el CTI. Finalmente ahora salió y se esta recuperando. Este sábado la jueza, el fiscal Gustavo Zubía y los abogados defensores de los adolescentes se constituyeron en la casa de la victima para tomarle declaración, ya que no puede trasladarse al juzgado.
Los adolescentes pudieron ser identificados porque testigos los vieron salir de la casa del anciano en la calle Portugal.
Según se pudo establecer el menor de 11 años vende leña en el barrio y con esa excusa averigua datos de personas que viven solas para robarlas.

Jueza tuvo que dejar en libertad a niño que lideró copamient

Diario EL PAIS. La jueza Aida Vera Barreto tuvo que dejar en libertad a un niño de 11 años que lideró un copamiento. El niño "quedó a disposición del Juzgado de Familia ya que tiene menos de 13 años y no puede ser procesado según el Código de la Niñez y la Adolescencia", explicó la magistrada a El País.


Sí fueron procesados otros tres adolescentes, de 13, 14 y 17 años, que junto al precoz delincuente coparon la casa de un anciano de 94 años en el Cerro el pasado 22 de junio.


Los procesados fueron derivados a dependencias del INAU por el delito de copamiento, informa hoy el diario El Observador. Para los adultos, ese delito tiene una pena de entre 8 y 24 años de penitenciaría, pero los menores no pueden estar privados de libertad por más de cinco años.


Según la crónica del matutino capitalino, los cuatro menores se pusieron de acuerdo para ir a la casa de la víctima, a quien conocía el niño de 11 años. Fue por este motivo que el anciano les abrió la puerta y al ingresar, lo empujaron, le pegaron en la cabeza y le robaron la billetera junto a otras pertenencias, entre ellas un arma.

Los delincuentes lo dejaron atado y se dieron a la fuga, pero se pudo capturarlos gracias a la declaración de testigos que los vieron salir de la casa del anciano, ubicada sobre la calle Portugal.

Jueza debió dejar libre al ideólogo de un copamiento

EL OBSERVADOR. El niño tiene 11 años y el Código de la Niñez y la Adolescencia prohibe procesar a menores de 13. La jueza Aida Vera Barreto proceso a tres de los cuatro adolescentes que coparon la casa de un anciano de 94 años en el Cerro pero al ideólogo del crimen, un menor de 11 años, no lo pudo procesar porque el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe procesar a menores de 13.
La jueza dispuso que el niño sea remitido al juzgado de familia especializado que tiene competencia en materia de menores de 13 que delinquen pero tampoco esa Justicia podrá dictaminar medidas de encierro.
Los otros adolescentes, que tenían 13, 14 y 17 años, fueron encerrados en el INAU por el delito de copamiento. Para adultos ese delito tiene una pena de entre 8 y 24 años de penitenciaria pero los menores no pueden estar más de cinco años privados de libertad.
Según quedo establecido en la indagatoria, el menor de 11 pergeño el delito porque conocia al anciano. Así logro que le abriera la puerta. Una vez adentro lo golpearon, lo ataron y lo robaron.
Debido a los golpes que recibió estuvo 15 días en el CTI. Recién ahora salió y pudo declarar en su casa, a donde la jueza Vera Barreto, el fiscal Gustavo Zubia, y la defensora publica Luz Marina Dupetit se trasladaron para interrogarlo.
La investigación permitió establecer que unos días antes una niña de 13 entro a la casa del anciano a robarle una pistola automática 35 milímetros que luego usaron en el copamiento.
Ese día el menor de 11 se quedo en la puerta de la casa haciendo de campana. Justo paso un vecino que amago a golpear la puerta pero el niño le dijo que había salido vestido de traje para alejar al hombre de la casa.

Fiscal Zubia explica su posición respecto de las normas punitivas de la minoridad infractora 2

Fiscal Zubia explica su posición respecto de las normas punitivas de la minoridad infractora

Jueces antimafia: 3 son los jueces penales interesados en los 2 cargos

La nómina de siete jueces de Montevideo que expresaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) su interés en ser designados al frente de las sedes especializadas en crimen organizado incluye a tres magistrados del área penal. Los demás postulados se desempeñan en la órbita de aduanas, menores y familia e incluso se presentó una jueza suplente.


El máximo órgano del Poder Judicial recibió hasta el pasado viernes 20 los currículum de los jueces de Montevideo interesados en ser nombrados en las sedes de crimen organizado, al frente de las cuales desde su creación en 2008 se encontraban Jorge Díaz y Graciela Gatti.

Díaz asumió el pasado 17 de abril como nuevo fiscal de Corte, en tanto Gatti fue propuesta por la SCJ para ascender al cargo de ministra de Tribunal de Apelaciones, por lo que en el corto plazo también abandonará su cargo actual.

En la lista de postulantes figuran los jueces penales Juan Carlos Fernández Lecchini, Gabriela Merialdo y Adriana De los Santos, informó a El País el ministro de la SCJ, Jorge Larrieux.

La nómina la completan Washington Balliva (juez de Familia), Aída Vera Barreto (jueza de Menores), Julia Staricco (jueza de Aduanas) y Helena Mainard (jueza suplente de Montevideo), indicó Larrieux.

De todos modos, los postulantes podrían llegar a ser más, ya que cabe la posibilidad de que otros magistrados se hayan presentado directamente ante alguno de los cinco ministros de la SCJ, explicó Larrieux.

La Corporación prevé definir la próxima semana quiénes serán los jueces que sucederán a Díaz y Gatti al frente de los juzgados especializados en crimen organizado, dijo el magistrado.

Las sedes, creadas en la Rendición de Cuentas de 2008, tienen competencia en casos de narcotráfico, corrupción pública y defraudación tributaria.

EL PAIS | POLITICA NACIONAL | 26/04/2012  | Pág. 8

En 3 meses la Justicia eximió de la internación a 180 infractores

EL OBSERVADOR. La Policía advierte un “afloje” de los jueces para no saturar los hogares. La Policía tiene registrado que entre enero y marzo, unos 180 menores fueron detenidos por la comisión de diversos delitos y sometidos a proceso, pero los jueces los dejaron en libertad o dispusieron la prisión domiciliaria.

Según el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, los guarismos de detenciones de menores que delinquieron, pero que no fueron internados, rondaron los 70 en enero, 50 en febrero y 60 en marzo. Fue imposible chequear estas cifras con la Justicia, ya que no lleva estadísticas.

La Policía venía sosteniendo que las rapiñas crecían al influjo de menores infractores que una vez que eran detenidos se fugaban de las instalaciones del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y volvían a rapiñar.
Sin embargo, en los últimos meses el INAU está exhibiendo tasas de fuga que tienden a cero, producto de lo cual sus locales de internación están desbordados.

En algunas ocasiones, autoridades del INAU y operadores del sistema judicial pidieron a los jueces que tengan en cuenta los informes técnicos que recomiendan la liberación de algunos menores, como forma de aliviar el hacinamiento, aunque ahora desde el INAU se afirma que ello no ha pasado.

Fernández se negó a interpretar estas cifras de menores liberados, pero otras fuentes de la Policía dijeron que, quizá producto de esta situación de saturación en  los hogares del INAU, los jueces de menores están liberando a un número mayor de delincuentes. Los magistrados niegan esto.

La Jefatura tiene registrados 700 menores infractores, según informó ayer jueves El País. “Así es muy difícil seguir combatiendo la rapiña para que las cifras bajen. El domingo pasado hubo cuatro casos de rapiña en Montevideo y en los cuatro casos el juez los entregó a sus padres. ¿Realmente pensamos que no van a volver a rapiñar?”, se preguntó el oficial.

Los jueces. El juez de Adolescentes de cuarto turno, Gerardo Peduzzi, indicó a El Observador que “no ha cambiado el criterio de aplicación de la ley a la hora de decidir la medida socioeducativa que corresponde”.

Remarcó que “según las circunstancias, las rapiñas a veces pueden ser con medidas privativas de libertad, pero otras veces se aplica una medida cautelar distinta. Yo no cambio el criterio de la medida a aplicar en función de las disponibilidades locativas del establecimiento”, subrayó.

La jueza de segundo turno, Aída Vera Barreto, sostuvo: “Dispuse la internación en los casos que correspondía y la entrega (de los menores a los padres o familiares) en los casos que correspondía”.

Admitió que puede ser que la fiscalía pida que la medida por rapiña, cuando el menor no tiene antecedentes, sea sin internación.

El fiscal Gilberto Rodríguez dijo que no posee estadísticas, pero apuntó que cuando el adolescente lleva cumplida la mitad de la medida de internación, “suele venir un informe favorable” para que sea liberado. En cuanto a la cifra de internados, dijo que “al haber menos fugas, la presión se está conteniendo”.
 
El defensor de menores infractores, Daniel Sayagués, quien trabaja con la jueza de Adolescentes de tercer turno, María Teresa Larrosa, explicó que el 85% de los menores derivados ante juez lo son por haber cometido delitos contra la propiedad: “La mayoría son por rapiñas y la minoría por hurtos. De quienes cometieron rapiña, se interna a la mitad, porque tienen antecedentes o han hecho de ese delito su forma habitual de vida”, indicó Sayagués. La otra mitad, por tanto, recupera su libertad.

  El director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Ruben Villaverde, dijo que “nunca” pidió a la Justicia que liberara jóvenes para paliar el hacinamiento. Villaverde dijo que cuando la Justicia no dispone la medida de internación, “no hay relevamiento” de esos menores que no están internados.  

Un pedido a los magistrados. A consecuencia de la reducción de las fugas de menores infractores, los hogares del Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU) se saturaron y llegaron a un punto crítico. Varias voces se levantaron entonces pidiendo corregir esa situación. En octubre del año pasado, el defensor de oficio de Menores, Daniel Sayagués, contó que el por entonces director del sistema penal adolescente, Rolando Arbesún, había pedido a jueces y fiscales si podían reducir las internaciones para descomprimir los hogares. Incluso jueces y fiscales dijeron que el pedido era de recibo para casos de tentativas, pero no para las rapiñas consumadas.

Ahora las autoridades del organismo niegan que vayan a pedir algo similar a jueces y fiscales aunque las plazas de internación del INAU están desbordadas.

Desde 2011, los centros de internación de menores infractores han registrado un descenso en la cantidad de fugas, llegando a apenas siete en los últimos dos meses. Por eso las 330 plazas con que cuenta el sistema están todas ocupadas y la cifra de internados las supera, llegando por momentos a los 450 menores privados de libertad.